La emboscada, el desgaste militar y los derechos humanos

24 de octubre de 2016
A 23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.

Si bien el pasado 22 de octubre, en presencia del comandante de la novena Zona Militar, general Rogelio Terán, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, aseveró que se tiene claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, así como el número de delincuentes que participaron y a qué organización pertenecen, se reservó nombres y motivos. Asimismo, dijo que hay varias personas detenidas, pero no especificó cuántas ni quiénes son. Por lo que desde el punto de vista informativo no aportó ningún dato nuevo y todo queda sujeto a la especulación.

No obstante, a partir de un video filtrado a un medio televisivo por mandos castrenses, sobre un evento anterior en el poblado de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde se observa a dos soldados que asisten a una persona herida (que en el relato de la Sedena y la PGR es identificada como Julio Óscar Ortiz Vega, presunto delincuente), se construyó y desencadenó toda una trama, que, con base en un encendido discurso del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos −quien definió el ataque como alevoso y cobarde y a los ejecutores de la emboscada como enfermos, insanos, bestias criminales−, llevó a un grupo de columnistas de Estado a impulsar una campaña de intoxicación mediática con una matriz de opinión que puso el acento en el hartazgo y el fastidiocastrense, la sordera civil y el supuesto abandono en que se tiene al Ejército. Lo que sumado al desgaste del instituto armado, descrito en un discurso posterior del jefe de la Sedena, puso en la agenda político-parlamentaria la necesidad de regular ya la intervención militar en tareas de seguridad pública.

La sucesión de hechos en apariencia inconexos: la emboscada, el malestar castrense, el renovado patriotismo de los formadores de opinión pública y la consecuente necesidad de una nueva legislación sobre seguridad interior, el estado de excepción (o de emergencia) con suspensión de derechos humanos y garantías, y la prolongación de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (o policiales) que lleva ya 10 años, tiene en su origen algunos puntos oscuros.

El evento de Badiraguato, la construcción narrativa sobre el enigmático y elusivo “alias Kevin” (Julio Óscar Ortiz Vega, supuestamente rescatado por las bestias criminales), quien vestía un uniforme similar al de los dos soldados que presuntamente le salvan la vida en el video y con quienes sostiene un diálogo inusual (por humanitario) entre un delincuente y elementos del Ejército tras un enfrentamiento −mismos que además después murieron en una emboscada de precisión militar que rompe la tendencia y el modus operandi−, con todo y su dramatismo real o ficticio, puede ser una cortina de humo (la fabricación de una noticia que cause el impacto esperado desplazando a la anterior) para pasar a una nueva fase de militarización del país, en momentos en que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con las 14 recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, y se adopte un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.

La emboscada que profundizó el desgaste del Ejército (general Cienfuegos dixit) y reactivó en los círculos parlamentarios la discusión sobre la ley de seguridad interior, en particular sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, podría resultar muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario de nuevo tipo.

Cabe consignar que, en su origen, la intervención militar en el combate a las drogas, se dio en el contexto de una doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, la tendencia hacia una militarización y trasnacionalización de la guerra a las drogas contribuyó al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales militarizados, estrategia diseñada por Washington en detrimento de las tendencias regionales hacia la democratización de sus sociedades, la desmilitarización y una mayor protección de los derechos humanos.

Desde entonces, también, el estado de derecho en países como México se fue transformando en un cascarón vacío, donde las funciones y las instituciones garantes de un sistema democrático siguieron existiendo como estructura, pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se pusieron al servicio de los intereses de la plutocracia y sus administradores civiles, borrando cualquier garantía constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento que se ha venido profundizando hasta nuestros días.

A todas luces México no es un Estado democrático de derecho. Durante el sexenio de Peña Nieto la descomposición del principio de legalidad y la vulneración flagrante de los derechos humanos se han profundizado. Así lo revela el más reciente estudio del World Justice Project 2015, de Washington, DC, que ubica a México en el lugar 79 de 102 países estudiados, reprobado con una calificación de 0.47, debajo de Burkina Faso, Tanzania, China y Túnez.

En ese contexto, el actual dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, cuyo contenido forma parte de las garantías individuales, es una pieza jurídica propia de un Estado autoritario.

La emboscada

10 de octubre de 2016
La agresión armada contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, sigue generando contradicciones. Como pocas veces antes, la narrativa de los mandos castrenses parece ajustarse a la verdad de los hechos: tanto el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la tercera región militar en Mazatlán, como el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, señalaron que hacia las 3:30 horas del 30 de septiembre, una ambulancia de la Cruz Roja y dos vehículos Humvee del Ejército fueron emboscados en la carretera México 15 en el acceso norte a Culiacán, con saldo de cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos. Los soldados fueron agredidos con armas de gran volumen y potencia de fuego(granadas de fragmentación y fusiles Barret .50, AR-15 y AK-47), por un grupo de la delincuencia organizadaque los estaba esperando, dijo Duarte.

Más allá de la retórica adjetivada de dos profesionales de la violencia como son los divisionarios Cienfuegos y Duarte, quienes calificaron el ataque de alevoso y cobarde, propio de enfermos, insanos, bestias criminales −seguido de amenazas de retaliación o represalia que se retrotraen incluso a la ley del talión del siglo XVIII aC−, cabe consignar que la emboscada es una de las técnicas guerreras más eficaces para hostigar, aniquilar, destruir, obtener e incautar material y equipo al enemigo, y que por definición es un ataque violento, sorpresivo y engañoso breve, contra un blanco u objetivo en movimiento o detenido de manera temporal, que incluye una retirada rápida y segura sobre una ruta prestablecida.

Las bases esenciales de una emboscada son buena información, una cuidadosa planificación y la elección inteligente del lugar. Pero en el caso de marras, más que un plan detallado a partir de información previa que permitiera conocer cómo opera el enemigo y la hora en que pasaría por cierto punto o área, parece tratarse de una acción improvisada o inmediata contra un blanco de oportunidad, montada y ejecutada a partir de la intervención (o escucha) de las frecuencias de radio utilizadas por soldados de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en San Ignacio, desde que un par de horas antes incursionaron en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde tras un supuesto enfrentamiento resultó herido el presunto delincuente Julio Óscar Ortiz Vega, ataviado con ropa militar.

El aparente objetivo de la emboscada fue rescatar a Ortiz Vega, quien era trasladado en la ambulancia. En la operación, los agresores habrían utilizado algún tipo de aditamento explosivo para incendiar las dos unidades donde se transportaban los militares, dos de los cuales fueron consumidos por las llamas. Según la narrativa oficial, en la emboscada participaron alrededor de 40 sicarios que habrían utilizado unas 15 camionetas blindadas.

Una cronología de hechos elaborada por la policía ministerial de Sinaloa señala que a partir de una llamada anónima denunciando disparos en la avenida Salvador Dalí, frente al número 3059 del fraccionamiento Espacios Bar­celona, a las 3:26:21 una operadora del Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas de Sinaloa (CERI) avisó, por radio, del incidente a las autoridades federales, estatales y municipales del estado, incluida la Sedena, que dio acuse de recibido. Doce minutos después llegó al lugar un policía ministerial y en seguida varias patrullas municipales y el coordinador de Seguridad Pública de Sinaloa, general retirado Moisés Melo. El Ejército arribó una hora después.

A juzgar por los datos descritos, la emboscada se ejecutó en un lapso breve (10 minutos) y con una precisión y fuerza militar inusuales en los grupos de la economía criminal. Dado que desde 2007 está vigente la Operación Sinaloa y en septiembre último se instaló en la entidad un grupo especial de reacción inmediata integrado por elementos del Ejército, la Marina y de las policías Federal, estatal y municipal, no queda claro qué falló, por qué y quiénes son los responsables en la cadena de mando.

¿Cómo fue posible que a esa hora de la madrugada una concentración de 15 vehículos con al menos 40 hombres haya pasado desapercibida ante las cámaras de videovigilancia del sistema de monitoreo C-4? ¿A qué obedecieron las declaraciones y filtraciones de fuentes militares y de inteligencia a columnistas de Estado, que de manera indistinta atribuyeron la autoría del hecho a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Alfredo e Iván); a las llamadas Fuerzas Especiales, de Dámaso López Núñez, El Licenciado (integradas presuntamente por desertores del Ejército, la Marina y la Policía Federal), y al cártel Jalisco nueva generación, de Nemesio El MenchoOceguera, en una eventual alianza con Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, de los Beltrán Leyva? ¿Se trató de enturbiar el caso?

¿Pudo ejecutar la emboscada un comando militar de otro tipo? Y si fuera así, ¿con qué objetivo? ¿Para llevar la guerra no convencional, asimétrica y de contrainsurgencia por territorios y recursos al llamado Triángulo Dorado formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango bajo la pantalla de la guerra al crimen organizado?

¿A qué obedeció la operación de saturación e intoxicación mediática −chan­tajista y manipuladora− impulsada por el ciudadano-generalCienfuegos con el aparente aval de su comandante en jefe, el autista Enrique Peña Nieto, coreografiada en el Zócalo el 7 de octubre? ¿Fue para apaciguar el enojo castrense en momentos que se rompen pactos y cunden las deslealtades? ¿Se fracturó la hegemonía del sistema político y asistimos a un acelerado proceso de descomposición del régimen?

La agresión contra los soldados en Culiacán constituye un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes de manera pronta, objetiva e integral, y sus responsables sancionados. A 10 días del hecho no hay detenidos. Ante el fracaso de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y el desbloqueo de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿se prepara la llegada formal de soldados y contratistas de Estados Unidos?

Estado de emergencia

30 de septiembre de 2016                                                                               Gilberto López y Rivas

Estado de emergenciaEl libro de Carlos Fazio Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto (Grijalbo, 2016), constituye un impresionante y detallado diagnóstico de la trágica realidad mexicana contemporánea; un hilvanado, documentado y meticuloso recuento de las condiciones de exponencial violencia, crímenes de Estado y lesa humanidad, así como violación generalizada, sistemática y permanente de los derechos humanos, que hacen de México el paradigma de una mundialización capitalista con base en el desvío de poder de un Estado delincuencial al servicio de un proceso de recolonización y ocupación integral del territorio. La obra de Fazio es una fundada denuncia, e incluso, de existir un estado de derecho en el país, podría ser el alegato de una imaginaria fiscalía para juzgar de esos graves crímenes de guerra, de Estado y lesa humanidad a las autoridades mexicanas de todos los ámbitos y niveles, incluyendo, sobre todo, a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad pública. Seguir leyendo

Iguala: complicidad e impunidad

26 de septiembre de 2016

La reciente designación deTomás Zerón como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad vino a confirmar un patrón de conducta del régimen de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento y la protección de altos funcionarios del aparato coercitivo del Estado, a quienes, de ser investigados y juzgados por instancias y tribunales apegados a las normas administrativas y penales vigentes, podrían fincárseles delitos considerados graves por el derecho internacional humanitario.

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Enrique Galindo, la guerra y el engaño

12 de septiembre de 2016

El 29 de agosto pasado, en vísperas de su cuarto Informe de gobierno, Enrique Peña Nieto ordenó la destitución del comisionado general de la Policía Federal (PF) Enrique Galindo Ceballos. Al anunciar oficialmente la decisión presidencial, en un mensaje a medios en el que no hubo preguntas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no explicó los motivos del relevo; dijo simplemente que Galindo fue separado del cargo en el marco de hechos recientes, pero no precisó si fue por lo ocurrido en Nochixtlán o en Tanhuato. Protegido hasta el final por Osorio, a la sazón coordinador del gabinete de seguridad nacional, el ex comisionado Galindo fue defenestrado en el marco de las pugnas palaciegas entre el grupo encabezado por su ex jefe y la facción conformada por Videgaray-Nuño-Meade de cara a la sucesión presidencial de 2018.

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Tanhuato: la barbarie y la impunidad

29 de agosto de 2016

El pasado 18 de agosto, a casi un año y tres meses de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer sus conclusiones sobre el caso Tanhuato. El organismo confirmó que agentes de la Policía Federal (PF) ejecutaron de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles muertos en el Rancho del Sol –localizado en el municipio de Tanhuato, Michoacán–, y que al menos 13 de los abatidos presentaban tiros en la espalda (presumiblemente se les aplicó la ley fuga); cinco fueron muertos por disparos desde un helicóptero artillado; uno fue herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida; tres fueron victimados, a pesar de que ya estaban sometidos; otro presentó lesiones similares a un atropellamiento. Dos cadáveres fueron quemados arbitrariamente y uno más estaba carbonizado. En 15 casos más la CNDH no pudo establecer técnicamente las circunstancias en que fueron privados de la vida, pues los policías y la Comisión Nacional de Seguridad dieron datos falsos sobre lo ocurrido. Seguir leyendo

Hillary, Gutiérrez Candiani y las ZEE

15 de agosto de 2016

Cuando el 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, habló en nombre de la plutocracia internacional. Seguir leyendo