La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para exterminar a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cártelesde la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar su guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como narcoterrorismo onarcoinsurgencia y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de guerra a lucha por la seguridad pública pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado unaguerra injusta, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra justa oinjusta remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La guerra injusta no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la guerra total. Clausewitz habla de aniquilación del enemigo. En la lógica del “exterminio delos malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori la moderación en los fines y en los métodos de la guerra(verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre guerra justa y guerra necesaria, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra suciade la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de lafunción de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca quebrar al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como mal necesario y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un fraude patriótico en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Bajo el disfraz de una guerra al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el enemigo interno, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como brutalización de la política, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron alenemigo interno, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como un peligro para Méxicomarcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que protegía al país con el monopolio del poder (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas deguerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a bajas colaterales.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

En realidad, el proyecto imperial arranca en 1941, cuando el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York –el más influyente tanque pensante de la élite estadunidense– redefinió el concepto de gran área (símil del espacio vital nazi) y optó por un modelo de integración económica vertical de sus vecinos, que incluía inversiones, colonización y control político abierto.

Como quedó asentado en los Estudios de guerra y de paz, Estados Unidos debía generar mayor dependencia mediante mercados seguros de materias primas, y en caso de que eso fracasase, a través del control de territorios mediante la inversión y la dominación político militar. En 1942, el geopolítico estadunidense Nicholas J. Spykman ubicó a México dentro del Mediterráneo americano, junto con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas del Caribe. Para su antecesor, Alfred Mahan, renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era vital para Washington y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. Eso implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal, asentó con crudeza Spykman.

Medio siglo después, el resultado más acabado de ese proyecto imperial fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), seguido del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá (PPP) como caballos de Troya del Área de Libre Comercio de las Américas, prevista para 2005. Si bien el ALCA fracasó en Mar del Plata, ese mismo año Washington logró consolidar un perímetro común de seguridad (o fronteras inteligentes) mediante la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan o TLC militarizado). Y en 2008 rebautizó el PPP como Iniciativa Mesoamericana, incorporando a Colombia. Al designio de Spykman en los años cuarenta sólo escapan hoy Cuba y Venezuela, naciones sometidas a constantes operaciones encubiertas de desestabilización.

Al amparo de una campaña de saturación propagandística que logró imponer la guerra al terrorismo en la agenda mediática, la consolidación de Norteamérica como espacio económico había sido antecedida, en 2002, por la creación del Comando Norte del Pentágono. La proyección espacial del NorthCom, que abarca Canadá, México, porciones del Caribe (Cuba incluida) y aguas contiguas en los océanos Pacífico y Atlántico (en particular el golfo de México), tiene que ver con la geografía, la política, la economía capitalista y lo militar como complemento bélico de la integración vertical de América del Norte; como zona segura de abasto de petróleo, gas natural, agua, uranio y biodiversidad para la economía estadunidense, contenida en el documento Nuevos horizontes, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, difundido una semana después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Con eje en los suministros de Canadá y México a Estados Unidos, la creación de un mercomún energético de América del Norte formaba parte de un viejo proyecto geoestratégico de la época de Ronald Reagan (1979). Desde entonces, un objetivo central de Washington ha sido consumar el desmantelamiento parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En mayo de 2005, dos meses después de la creación de la Aspan, se divulgó el informe Construcción de una comunidad de América del Norte, en cuya elaboración participaron un grupo de mercaderes comisionistas locales, como el embajador Andrés Rozental, el salinista Pedro Aspe y el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle. Pero el embate final del complejo militar industrial estadunidense comenzó inmediatamente después del fraude electoral de julio de 2006, cuando en plena transición y bajo la batuta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, Mouriño, Sarukhán y Cordero asistieron en el hotel Fairmont Banff Springs, de Alberta, Canadá, a un cónclave secreto con ministros, altos ejecutivos –entre ellos los de la petrolera Chevron, Bechtel y Lockhedd Martin, la mayor contratista de armas del mundo– y militares cinco estrellas, incluido el almirante Tim Keating, jefe del Comando Norte.

Aprovechando el ánimo reformista de Felipe Calderón y su equipo de transición, se habló entonces de cómo ceder soberanía nacional a favor de una Norteamérica más fuerte. La reunión se centró en la interrelación entre los sistemas de defensa, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración, producción de equipo militar y control sobre los recursos energéticos de Norteamérica.

En junio de 2008, el entonces secretario del Pentágono, Robert Gates, anunció la incorporación de México al Comando Norte y recrudeció la guerra de contrainsurgencia de Calderón, con saldo superior a 50 mil muertos. El martes 13 llegó el embajador Anthony Wayne, presentó cartas credenciales y entregó tres helicópteros Blak Hawk artillados a la Marina, como signo de la afganización de México. Y por si fuera poco, el general David Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), convertida en una organización paramilitar según The Washington Post, fue el invitado especial de Sarukhán en la embajada en Washington, para conmemorar el 201 aniversario del inicio de la… Independencia.

Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la unidad nacional y al alineamiento de todos los mexicanos de bien detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la hiperpresidencia –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de su guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la militarización informativa (la diseminación uniforme de la versión oficial de la guerra), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: terrorismo. Incluso se habló de narcoterrorismo, según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de unidad a nombre de México, como suelen generalizar los amos del país.

Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.

En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al agente provocador o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.

Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el secuestro de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de narcoterrorismo en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las lecciones de Afganistán en el territorio nacional.

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de contratistas privados– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares jubilados del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un centro de fusión binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de contratistas privados de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden capacitación dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamados perros de guerra por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la nueva estrategia de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La nueva etapa de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que justificaba la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la transición será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como la primera del mundo en su tipo. Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la academia alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, capacitarán a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los asesores de inteligencia estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la colaboración bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.

Los encuentros en Chapultepec entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los representes de los poderes Ejecutivo y Legislativo han tenido un protagonista central: Javier Sicilia. Aun antes, en las concentraciones en el Zócalo capitalino y Ciudad Juárez –epicentro del dolor y vanguardia de la resistencia al terror y la violencia delincuencial, grupal e institucional–, la singularidad de Sicilia fue visualizada mediante el uso de la palabra y los símbolos.

Diversos actores y comentaristas han puesto énfasis en los besos y los abrazos del poeta. Ambos gestos son expresiones de paz y amor evangélico al otro, considerado no enemigo, a quien se desea humanizar. Pero en otra perspectiva, llevan implícito un mensaje de desacralización del Estado (esa máquina sin alma que no puede liberarse de la violencia, Sicilia dixit), de la figura presidencial, las instituciones y quienes practican una real politik signada por el cinismo y de contenidos inhumanos.

Como hecho inédito de lo anterior, en un país presidencialista y bajo un régimen autoritario y militarizado, queda el registro de la foto de José Carlo González en la primera plana de La Jornada, el 24 de junio, que exhibe una mano de Sicilia sobre el hombro derecho de Felipe Calderón, considerado un igual (sin atisbo de odio o ánimo de venganza) por uno de los daños colaterales de su guerra estúpida. El gesto implica coraje y osadía, y en tanto forma asimétrica de relacionarse con el poder –desde una posición de inferioridad con respecto a su interlocutor omnímodo, de abajo hacia arriba–, conlleva riesgos (represalia, castigo o ataque físico, incluida la muerte), ya que en cierta dimensión opera como símbolo de un contrapoder ciudadano versus un poder autoritario desnudado y responsabilizado públicamente por sus actos criminales.

No obstante, lo fundamental es el nuevo lenguaje de Sicilia. Esa forma radical y sincera de expresión de la verdad, empezando por su inicial ¡Estamos hasta la madre! –que lo emparenta con el ¡Ya basta! zapatista–, que antepone la ética de la palabra a la demagogia y el comercio de la palabra, tan propios de gobernantes y políticos. A esa libertad de decirlo todo y una ética que aleja a Sicilia de cualquier artilugio semántico, retórica, sofisma, falsedad, adulación o silencio, se suman el valor y el deber moral, atributos todos que, según Michel Foucault, en la literatura y la filosofía grecorromana definían una función, la parresía, y una posición del sujeto, el parresiastés, caracterizadas por una relación específica con la verdad a través de la franqueza, cuyo efecto es la crítica y la autocrítica, y cuyo costo es el peligro. “La parresía –escribió Foucault–, requiere el valor de decir la verdad a pesar de cierto peligro. Y en su forma extrema, decir la verdad tiene lugar en el ‘juego’ de la vida o la muerte.”

El concepto de parresía significa la posibilidad del ciudadano de decir lo verdadero frente a quienes detentan el poder. El poder subversivo de la palabra, de la verdad que encierra, se opone a la mentira y la retórica de los que mandan. Exhibe las tramoyas de quienes gobiernan, las tácticas de los sofistas, la esquizofrenia de la clase política, la adulación de los papagayos mediáticos. Para un parresiasta no hay grises ni posibilismos. Las acusaciones de traición y estupidez, dirigidas por Sicilia a los legisladores que aprobaron la minuta de la ley de seguridad nacional, tienen que ver con el hecho de que no cumplieron la palabra dada, y con esa actitud intransigente y estúpida insultaron a las víctimas de la violencia y se traicionaron como hombres. Léase traición, también, como opuesto a lealtad, esa noción tan cara en México a los usos y costumbres de la familia, los clanes y las mafias.

“Los hombres son en la palabra”, decía Paulo Freire. Existir, humanamente, es pronunciar el mundo, transformarlo. Si Sicilia no practicara su diatriba, sería servil ante los otros –incluidos los millares de víctimas de la violencia que hoy creen en su palabra y su acción– e inauténtico consigo mismo. Ante el discurso rastrero, laudatorio del nuevo orden calderonista y la razón de Estado, enunciado por los amaestrados policías del pensamiento en los medios, el lenguaje de Sicilia incomoda, molesta. Su palabra verdadera erosiona el poder que tiene el discurso tecnomediático como vehículo de socialización e imposición de una forma conservadora, homogeneizadora, de ver la realidad, donde no cabe la crítica ni las preguntas radicales sobre el sentido de la vida y las relaciones sociales. Su lenguaje pedagógico –como antes el zapatista– es instituyente de una verdad distinta a la adecuada, a la políticamente correcta del caótico y violento orden neoliberal.

Ante la verdad oficial y la ideología fatalista e inmovilizadora del discurso hegemónico y el de quienes justifican el autoritarismo y la represión barbarizante del régimen de Calderón, la palabra de Sicilia es también un acicate para despertar la autonomía de las demás víctimas de una guerra absurda, irresponsable, fratricida. Su tarea no es fácil. Hasta los excluidos se identifican con las reglas de la clase dominante y las legitiman. Asumir la autonomía requiere ir contra el consenso impuesto desde arriba. La libertad, decía Adorno, se basa en escapar a toda alternativa prestablecida. Pero la lógica de la consecuencia, el correlato entre el decir y el hacer, implica escarnio, sarcasmo, acoso, desacreditación política.

En la agenda de Sicilia y su movimiento sigue el diálogo radical con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, esos expertos en la abstracción, la evasión y la ambigüedad. Aunque el poeta ya adelantó que están hasta la madre de la guerra, del engaño y la simulación, y convocó a una movilización popular para el 14 de agosto. Con lo que en el ámbito de lo social organizado se podría entrar en una lógica de movimiento de movimientos, como anticipo de otro septiembre negro.