ASPAN, Plan México y soberanía nacional. (exposición de clase)

Foro México y el mundo actual

La Jornada – Casa Lamm

Tema: ASPAN, Plan México y soberanía nacional

Panelistas: José A. Almazán, Ana E. Ceceña, Carlos Fazio y José F. Gallardo.

29 de octubre de 2007.

                                    Acerca del Plan México y la seguridad nacional:

                                                       El que paga manda

 

Carlos Fazio

           Quiero empezar con tres noticias, una buena y dos malas.

           La buena, es que el Plan México ya fue oficializado por los gobiernos de Estados Unidos y México y tiene nuevo nombre: Iniciativa Mérida. Buena, digo, porque terminan las especulaciones y se puede trabajar sobre algo concreto.

           Pero la primera mala, es que la Iniciativa Mérida no se sabe qué es. No es un tratado, no es un acuerdo interinstitucional. Según la canciller Patricia Espinosa es un “compromiso político” o un “acuerdo de cooperación” entre los Ejecutivos de Estados Unidos y México, pero no está sujeto al control del Poder Legislativo. Es algo, pues, tratándose de un paquete de asistencia militar de la envergadura del Plan México, que carece de sustento jurídico.

           La segunda noticia mala, es que quien nos “aclarará” las dudas sobre el Plan México, es nada menos que el actual subsecretario de Estado estadunidense, John Dimitri Negroponte, quien, como embajador de su país en México, fue el artífice del proceso de integración silenciosa que llevó a la “compra-venta” de México, y cuyo primer mojón fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que hoy, vía el ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), el TLC militarizado, viene a subordinar aún más la soberanía y la seguridad nacional de México, que quedarán en función de la diplomacia de guerra y la agenda de seguridad nacional de Washington. Se anunció que Negroponte, ex zar de inteligencia de EU estará en Monterrey para despejar las dudas sobre la Iniciativa Mérida.

           Vayamos por parte. El 22 de octubre, en un comunicado conjunto, los gobiernos de EU y México definieron la Iniciativa Mérida como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”. Según el documento, el marco de la nueva cooperación bilateral es hacer frente a “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”. Todo esto, se precisa, basado en el pleno respeto de la soberanía, jurisdicción territorial y marcos legales de cada país, y orientadas bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad.

           Como ustedes saben, el artículo 76, fracción I de la Constitución establece como facultades exclusivas del Senado: Primero: Analizar la política exterior desarrolladas por el Ejecutivo Federal, pero además aprobar tratados internacionales, convenios. Fue en base a ese artículo que el Senado llamó a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.

           ¿Qué dijo de manera sustantiva la canciller?

Uno. Que el Plan México es una iniciativa de Felipe Calderón (Está igual que Fox con la presunta paternidad del Plan Puebla-Panamá).

Dos. Que la iniciativa tiene carácter multianual y abarca el años fiscal 2008 y los subsiguientes, 2009 y 2010, con un monto total de mil 400 millones de dólares en aportaciones en “especie” de estados Unidos a México.

Tres. Que la iniciativa no contempla presencia alguna de tropas de EU, ni la participación operativa de agentes, empresas de seguridad privada o asesores privados estadunidenses. Que no existe ningún topo de condicionamiento o requerimiento por parte de EU.

Cuatro. En la parte más sustantiva, tras siete meses de negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos, la funcionaria enumeró de manera general algunos de los contenidos del plan, aunque no especificó cantidades ni tipo de armamento. Hoy sabemos que el millonario paquete de asistencia militar de EU a México incluye aviones y helicópteros para transporte de personal, vigilancia y patrullaje; equipo para la modernización y ampliación de un sistema de comunicaciones seguras para dependencias de seguridad nacional; escáneres de rayos gama y rayos equis para detectar droga; software para análisis de datos asociados con inteligencia financiera; perros adiestrados para detección de narcóticos, armas y otras sustancias ilícitas; vehículos blindados; equipos y tecnología (software, bases de datos, verificación de documentos, digitalización de formas migratorias) para modernizar al Instituto Nacional de Migración; equipo de vigilancia e inspección para modernizar el servicio postal mexicano en la Ciudad de México, y entrenamiento y capacitación en varias áreas, incluida la profesionalización de la policía.

           Cuando dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática le pidieron tener acceso el documento firmado con Estados Unidos, saber quién lo firmó, qué compromisos se aceptaron y el fundamento jurídico para hacerlo, la respuesta que recibieron fue insólita: el único documento existente es el comunicado conjunto de EU y México. Dijo Espinosa (cito): “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”.

           Más adelante, ante la insistencia de los senadores, hablo de un “compromiso político”; de “acuerdo de voluntades”; de “un esquema de cooperación bilateral (…) que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por lo tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado (mexicano) ni de un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de celebración de Tratados”.

           No sé si me siguen:

           Un  acuerdo que fue definido por el embajador estadunidense Antonio Garza de Araburuzabala, como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por el gobierno de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, carece en México de control legislativo. En buen romance, se quiere pasar de contrabando la Iniciativa Mérida, sin que quede sujeta a la supervisión del Senado mexicano.

           Recordemos que el Plan México se inscribe en el marco del ASPAN, el TLC militarizado. Que México ha sido integrado de facto al “perímetro de seguridad” de EU y que el territorio nacional está incluido también de facto en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono.

           Recordemos, también, que el paquete de “asistencia” para México fue incluido en el marco del pedido de más ayuda para sostener las intervenciones militares del Pentágono en Afganistán e Irak y de la “guerra al terrorismo”. Por lo cual, la alianza militar a la fuerza contenida en el ASPAN permite ampliar y dirimir las guerras de EU al territorio de México, un país que no tiene enemigos potenciales, pero sí petróleo. Lo que implica, a su vez, que las instalaciones estratégicas de Pemex y su red de ductos puedan pasar a ser objetivos militares  de presuntos enemigos de EU, sean o no terroristas.

           En función de lo anterior, resulta al menos paradójico, que lo que se presenta como la panacea en materia de seguridad, como “el nuevo paradigma”, no esté plasmado en un documento público. Como insólito resulta, también, no ya que el pueblo de México no haya sido informado por el gobierno, sino que el propio Senado carezca de información oficial del régimen de Calderón y se haya enterado por el presidente de Estados Unidos y las agencias de noticias de la Iniciativa Mérida. Más: según el senador Ricardo Monreal, el Senado de la República fue ninguneado por la Presidencia.

           Tiene razón el senador Monreal cuando dice que “el que paga manda” y que la Iniciativa Mérida se parece a un acuerdo interno del gobierno de Estados Unidos, con gobiernos locales o países asociados, semicoloniales, como Puerto Rico.

           Con algunos agravantes:

           El Plan México no es un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo como intento sugerir la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Equipo, por otra parte, que ya está “etiquetado”, lo que supone que la mayor parte del paquete millonario irá a diversos rubros específicos y no saldrá de Estados Unidos, ya que México deberá destinarlo a la compra de aviones, helicópteros de combate, barcos, equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de telecomunicaciones, así como para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías. Es decir, al igual que ocurre en Colombia, el Plan México será un negocio millonario en dólares para compañías militares y de inteligencia de Estados Unidos, y ofrecerá contratos de mantenimiento, entrenamiento y servicios relacionados a grandes corporaciones del complejo militar industrial. Según un artículo de Misha Glenny en The Washington Post, un reporte reciente del GAO sobre el Plan Colombia consigna que el 70 por ciento de la ayuda a ese país nunca sale de Estados Unidos.

           Decíamos, que no es un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo. Implica, también, la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia.

           Incluye la capacitación para profesionalizar la procuración de justicia y para financiar reformas a los procesos judiciales. Es decir, a cambio de dinero, Estados Unidos se abroga el derecho de decir cuáles reformas deben ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos.

           Comprende, además, reforzar la administración de las prisiones así como compartir información migratoria (verificación de visas, etc.).

           Y tal vez lo más grave: la “ayuda” abarca la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Estados Unidos. Es decir, la inteligencia de México quedará al servicio de los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.

          No deja de ser extraño que en las declaraciones públicas no figure nada relacionado con el tipo de armas y tampoco se mencionen palabras como fumigación y agentes encubiertos, aunque lo más probable es que no fueron  sacadas del paquete en sí. De paso, un punto que no aclaró suficientemente la canciller Espinosa, tiene que ver con la virtual equiparación (desde la óptica estadunidense) de tres términos: terrorismo, narcotraficantes y migrantes indocumentados.

 

          Recapitulemos:

           La Iniciativa Mérida está en función de la agenda de seguridad de Washington y no de las prioridades nacionales de México.

           Las prioridades de EU son:

Uno.   Guerra a las drogas (en nuestro territorio).

Dos.    Guerra al terrorismo (idem).

Tres.   Seguridad fronteriza (en las fronteras norte y sur de México).

Cuatro. Control sobre la seguridad pública y las policías de México.

Cinco.  Construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa subordinada).

          Funcionarios de ambos países reiteraron que el plan no considera tropas o agentes estadunidenses realizando operaciones en México. Pero en realidad se trata de un asunto menor. La real amenaza para México es que el gobierno de Estados Unidos será co-diseñador de la estrategia de seguridad nacional, lo que significa, repito, una cesión de soberanía.  Incluso, se ha mencionado que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos viene trabajando con México para construir un comando central que coordine el trabajo de agencias internas y que facilite la coordinación binacional.

           Es evidente, que al anunciar el programa dentro de las “necesidades críticas de la seguridad nacional” de Estados Unidos, y en el marco de la ley dedicada a la guerra en Afganistán e Irak y la llamada “guerra contra el terrorismo”, Bush ha logrado colocar la relación con México bajo la óptica de su política militarista. En ese contexto, dada la tradicional tendencia de Estados Unidos a abusar de los mecanismos de “cooperación bilateral”en materia de seguridad, que suele utilizar para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas y chantajes diplomáticos en la vida política de los países anfitriones, la Iniciativa Mérida significa una grave amenaza a la soberanía y la seguridad nacional de México.

           México está adoptando la agenda de EU. Está asumiendo como propias las preocupaciones de Washington. Está renunciando a la autonomía en materia de política exterior. Está cediendo soberanía en áreas estratégicas que tienen que ver con la inteligencia, la seguridad y soberanía nacionales.

 

           Más allá del juego semántico, el Plan México es un simil del Plan Colombia. La Iniciativa Mérida, bautizada así para efectos políticos,  representa la aplicación de la estrategia de Estados Unidos en México.  Los cacareados principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad” entre dos países asimétricos como EU y México es una humorada que intenta romper la ley que rige la relación entre el tiburón y la sardina.

           Por eso,  reconociendo la oportunidad de este foro de Casa Lamm, demandamos:

Uno. Que se socialicen los contenidos reales de la Iniciativa Mérida y se abran a debate público.

Dos. Que el Congreso y el pueblo de México asuman una actitud vigilante y de repudio al Plan México con sus actuales características.

¡No a la Iniciativa Mérida!

¡No a la injerencia de Estados Unidos en México!

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